Actualizado: 27 de octubre de 2009 

Si algo presenta de manera concentrada la política de un gobierno son los presupuestos del estado, es decir, en qué quiere gastarse el dinero ese gobierno y de dónde planea sacarlo. Zapatero ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010, como unos presupuestos “austeros y sociales”.

¿Es eso cierto? ¿Son los presupuestos para 2010 unos presupuestos para los trabajadores y los servicios públicos?

Hay que recordar que el Gobierno, siguiendo la línea dictada por el G-20 y la Unión Europea, ha sido sumamente generoso con los banqueros. Ofreció hasta 150.000 millones en ayudas sin prácticamente ninguna condición: ni créditos para empresas y familias, ni mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector. Recientemente ha ofrecido 99.000 millones más para tapar agujeros, cerrar oficinas y suprimir puestos de trabajo en las cajas, como reclamaban los banqueros.

Congelación para pensiones y salarios

Los presupuestos “sociales” apenas llegan a mantener el gasto, o ni eso, puesto que servicios como la sanidad y la enseñanza dependen del presupuesto de las comunidades autónomas, todas ellas en gravísima situación económica. Otros servicios, que dependen de los ayuntamientos, están en abierto peligro, dada la situación de quiebra técnica de las corporaciones locales (que han perdido los únicos ingresos que las salvaban, los que venían de la construcción).

Los funcionarios públicos verán como sus salarios suben un mísero 0,3%, cuando la previsión del gobierno es de un 1% de inflación anual, y la de otras fuentes (como la Fundación de las Cajas de Ahorro) es de entre el 2 y el 3% , dependiendo de los precios del petróleo (y la previsión se hizo antes de conocerse la subida del IVA, que puede suponer un 1% de aumento del IPC).

Las pensiones subirán un 1%, y las pensiones mínimas un 2 o como mucho un 4%, cuando Zapatero se comprometió en el debate de investidura a subir una media del 26% las pensiones mínimas durante la legislatura.

En cuanto al salario mínimo, aún no se ha hecho pública una propuesta, pero desde el Gobierno han dejado caer que este año no se avanzará hacia los 800 euros que figuraban en el programa electoral del PSOE, y se ha hecho público que se elevará sólo un 0,3% el Iprem, indicador público que sirve de cálculo para recibir ayudas públicas.

Cuando el paro masivo y la contracción del consumo exigirían un ambicioso plan de obras públicas en infraestructuras y desarrollo de servicios públicos, el Presupuesto recorta el gasto público, la inversión pública (investigación, infraestructuras y vivienda) y reduce a una tercera parte los “estímulos”, en concreto prevé un nuevo fondo e inversión municipal con sólo 5.000 millones de euros. Es un presupuesto que agrava la recesión y aumenta el paro (Véanse otros aspectos en diversos artículos publicados en los números 232 y 233 de Información Obrera).

Subida de impuestos... a los trabajadores

La prensa es unánime: Para El País, “el peso de la subida de impuestos recaerá en las rentas medias y del trabajo”, en tanto que El Mundo dice que “las rentas medias y bajas pagarán el 96% de la subida de impuestos”. La “austeridad” pregonada va afectar sobre todo a los bolsillos de los trabajadores manuales, los técnicos y los pensionistas: la anunciada “subida de impuestos a los ricos” se ha quedado en nada.

El proyecto de presupuestos propone una subida en un punto del IVA reducido y en dos puntos del tipo general, lo que va a suponer subida de precios en la mayoría de los artículos (excepto los pocos bienes de primera necesidad gravados con el IVA superreducido del 4%). Esta subida de impuestos indirectos afecta, como todos los expertos han señalado, especialmente a los que menos ganan.

Se suprime también la deducción de 400 euros en el IRPF para todos los contribuyentes (lo que supone de hecho subir el IRPF, en mayor porcentaje para los que menos cobran). Sólo se eleva la tributación de las rentas del capital al 19% o al 21%.

Las grandes fortunas pueden respirar tranquilas. Seguirán pagando un 1% de impuestos por sus beneficios, que tienen en las SICAV, consideradas por la Inspección de Hacienda en 2005 como una fuente de fraude generalizado (lo que motivó que Hacienda perdiera la capacidad legal de inspeccionar a las SICAV).

Rebajas y subvenciones a los empresarios

Los presupuestos también prevén la bajada del impuesto sobre sociedades en cinco puntos para las pymes y autónomos “que mantengan el empleo”. Las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social “por contratación” aumentan en 50 millones de euros, hasta los 2.850 millones de euros. Y eso que el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha admitido que han fracasado

¿De dónde vienen los ingresos? ¿Quién paga impuestos aquí?

El IRPF supuso en 2007 el 48,6% de los ingresos del Estado. El IVA reunió el 27,4%, mientras que los impuestos especiales supusieron un 13,3%.

Dentro del IRPF, los rendimientos del trabajo suponen el 75% de la recaudación, las rentas del ahorro un 13%, y las actividades económicas sólo el 8%. Los trabajadores pagan el 75% de la recaudación, a pesar de que las rentas del trabajo representan el 61% de la renta nacional.

La mayor parte de los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales), que gravan el consumo, los pagan quienes tienen menos ingresos: los trabajadores.

La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha manifestado que el 89% de la población, que gana menos de 30.000 euros al año, pagará la mayor parte del aumento del IVA y de la supresión de la reducción de los 400 euros en el IRPF.

¿Y quién no paga?

La economía sumergida supone en España, entre el 22% y el 23% del PIB. 70.000 millones es el importe estimado de las cuotas no ingresadas cada año en Hacienda, derivado de la economía sumergida y el fraude fiscal.

Las grandes fortunas apenas pagan impuestos. Ilegalmente o con sus asesores fiscales, encuentran la manera de no pagar. Quienes tienen su fortuna en las SICAV pagan sólo un 1% de sus beneficios

Se puede recaudar para financiar prestaciones sociales y planes de obras públicas sin subir impuestos a los trabajadores. Bastaría con que los ricos pagaran impuestos. José Mª Mollinedo, representante de la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, ha declarado que “si se autoriza a los 8.000 técnicos de Hacienda a asumir más responsabilidades contra el fraude fiscal y mejorar el control del gasto público, de las subvenciones y de las ayudas, se podría aumentar la recaudación en 38.000 millones de euros anuales”. Seguramente eso es lo que se quiere evitar a toda costa: que los ricos paguen impuestos y justifiquen las subvenciones que reciben.

Es posible hacer que paguen los grandes defraudadores

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha hecho público en su XIX congreso anual un documento en el que plantea al Ministerio de Hacienda una batería de medidas encaminadas a elevar la recaudación.

El plan pretende una reorientación de los efectivos de la inspección desde el sector inmobiliario, donde se encuentra el 40% del personal, hasta sectores “en donde está instalada la economía sumergida y el fraude organizado”. El colectivo pretende también un aumento de la plantilla de la Agencia (600 inspectores, 3.000 técnicos y 2.000 agentes tributarios), “cuyo coste sería cero”.

Los inspectores proponen reforzar la inspección contra la economía sumergida, gravar con un 24% los movimientos de fondos con paraísos fiscales, prohibir que la banca mantenga filiales en dichos territorios, no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el comercio español, agilizar el cobro de deudas fiscales, devolver a la Agencia Tributaria la Competencia de sobre las Sicav.

El plan podría llegar a recaudar 100.000 millones en los próximos cuatro años, según el colectivo, 25.000 cada año, una cifra muy superior a los 11.000 millones que prevé ingresar el Gobierno por la próxima subida de impuestos.

Hacen falta otros presupuestos

¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea prohíbe tomar medidas contra los paraísos fiscales (y por tanto contra las Sicav), prohíbe tomar medidas contra las deslocalizaciones, exige el apoyo a los bancos y en cambio exige un recorte drástico del gasto público y en particular del gasto en sanidad y pensiones. Por someterse a Bruselas, el Gobierno presenta un proyecto de Presupuestos que agrava la recesión y ataca por todas partes a los trabajadores.

Una política favorable a los trabajadores, a los votantes del PSOE, exigiría otros presupuestos del Estado, medidas de defensa del empleo, confiscación de los millones entregados a la banca (y de los beneficios que han hecho los banqueros con ellas), impuestos a los ricos (y que se cobren esos impuestos).

Los sindicatos y partidos de los trabajadores deben reclamar ese cambio de política y no aceptar los dictados de Bruselas y el FMI, que quieren hacernos pagar la especulación con años de paro y miseria. Ante todo, exigiendo al Gobierno que detenga los despidos, que los prohíba, como proponen los compañeros reunidos en Barcelona.