Actualizado: 11 de noviembre de 2009 

La Comisión Europea ha hecho pú-blico recientemente un informe recomendando nuevos recortes en las pensiones públicas y también en la sanidad pública.

Llueve sobre mojado. Cada poco tiempo la Comisión Europea, o el Banco Central Europeo o su esbirro del Banco de España, MAFO o los servicios de estudios de los grandes bancos publican “informes” que anuncian la quiebra de la Seguridad Social, y exigen recortes y privatizaciones de las pensiones y los servicios públicos.

Ahora, en la crisis, los especuladores han hecho evaporarse miles de millones. El capital, para tapar sus agujeros, necesita urgentemente el dinero de las pensiones y el de la sanidad, dentro de una ofensiva en toda la línea para salvar al capital hundiendo las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores.

En el caso de la Sanidad, el pacto de financiación autonómica y la exigencia a las autonomías de que recorten el déficit obliga ya a drásticos recortes en las prestaciones sanitarias y a privatizar. Para hacerlo se ha puesto en marcha la propuesta de Pacto Nacional por la Sanidad. La Unión Europea aprieta para que esto se haga rápido y a fondo.

El informe de Bruselas

La Comisión dice que en España peligran las pensiones y la sanidad pública, y que la culpa es del desequilibrio de las cuentas del Estado y de la Seguridad Social. Por tanto, recomiendan al Gobierno que recorte el gasto público.

El informe “sobre el impacto de la crisis y el envejecimiento de la población en las finanzas públicas de los Estados miembros”, elaborado por la Comisaría de Economía (Joaquín Almunia), empeora todas las previsiones que ellos mismos habían dado sobre nuestro sistema asistencial. “Alto riesgo”, dice para definir el futuro de nuestras pensiones y de nuestra sanidad. Dicen que el gasto en pensiones pasará de casi el 9% del PIB al 15% en cincuenta años, y según ellos eso resultará insostenible para el sistema.

Según los cálculos de Bruselas, para que las cuentas públicas españolas vuelvan a una senda de “sostenibilidad”, el Gobierno debe hacer un ajuste total del 11,8% del PIB, que “puede llevarse a cabo a través de un aumento de los ingresos y recortes de gastos. Además, debe reformarse el sistema de protección social (en particular las pensiones públicas y la sanidad) para desacelerar el incremento previsto en el gasto relacionado con el envejecimiento”, añadiendo que “no obstante, las reformas deben llevarse a cabo de forma que no amplifiquen las consecuencias de la actual crisis económica y financiera” (no vaya a ser que alguien proponga que los recortes se hagan en las ayudas a los banqueros y otras medidas que la misma Bruselas ha impuesto a los gobiernos). El propio Almunia se ha apresurado a declarar que “las medidas para aumentar la confianza y apoyar la demanda sólo tendrán éxito si son percibidas por los mercados y la opinión pública como temporales y coherentes con la sostenibilidad a largo plazo” (El destacado es nuestro).

La Comisión ha vuelto a recomendar lo ya decidido en varias cumbres de la UE, es decir, que “es necesario retrasar la edad de jubilación efectiva en línea con el aumento de la esperanza de vida”. Recordemos que en el entramado antidemocrático de la Unión Europea, las “recomendaciones” de la Comisión Europea acaban por ser de obligado cumplimiento para los gobiernos de los estados miembros.

Cuál es la situación de la Seguridad Social

Casi simultáneamente, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presentaba a sindicatos y patronal la nueva Estrategia Nacional de Pensiones. Según ella, la Seguridad Social entrará en déficit en el año 2023, ocho años después de lo previsto por el propio Ministerio en 2005, a pesar de la crisis económica. Pero Corbacho explicó que el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social está garantizado hasta 2029, aunque será necesario usar el Fondo de Reserva a partir de 2023.

Recordemos que la fecha de quiebra anunciada para la Seguridad Social se ha ido retrasando. Los agoreros la pusieron primero para 2010, luego 2015 y ahora 2023, con fondos de reserva hasta 2029.

El Pacto de Toledo ataca de nuevo

Apoyándose en las “profecías” sobre quiebra del sistema de pensiones se firmó el “pacto de Toledo” contra las pensiones. En otoño de 2008 Zapatero y Rajoy acordaron activarlo, tras un acuerdo entre el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado y Tomás Burgos (representante del PP en el Pacto) sobre el contenido de la reforma de pensiones. El calendario del Gobierno dejaba la reforma de pensiones para 2010-2011. Almunia reclama el recorte de pensiones y la vicepresidenta Salgado contesta que esto ya está previsto, que el Pacto de Toledo trabaja en ello. Mientras, Zapatero sigue con su demagogia de que aumenta las pensiones.

De dónde viene el déficit

Según los “expertos”, viene del envejecimiento de la población, el retraso de la incorporación al trabajo, la caída de la natalidad, etc. Esas circunstancias existen, pero se ocultan otros hechos relevantes.

Estan las subvenciones a los empresarios por “creación de empleo”, “conversión de contratos temporales en fijos” o “mantenimiento del empleo”, que son bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social a cargo de la propia caja de ésta. Según CCOO, desde 1998 a 2008 estas subvenciones han supuesto 23.776,05 millones de euros (un 3% del PIB). El proyecto de Presupuestos del Estado para 2010 prevé aumentar estas bonificaciones en 50 millones de euros, hasta los 2.850 millones de euros. Y eso que el propio ministro de Trabajo ha admitido que han fracasado. ¿No habría que acabar con estas subvenciones a costa de la caja de la Seguridad Social antes de proponer recortes de pensiones?

Hay que recordar, además, que los ingresos de la Seguridad Social vienen de las cotizaciones, que son proporcionales a los salarios de los trabajadores. La política de cierres de empresas, de precarización generalizada, de salarios mileuristas, supone una merma continua de las cotizaciones. Como la existencia de más de un millón de trabajadores con un salario mínimo de poco más de 600 euros.

¿Cómo pueden garantizarse las pensiones si se pierden miles de puestos de trabajo, de cotizaciones a la Seguridad Social? ¿No es preciso, para salvar las pensiones, parar la hemorragia de despidos? La campaña por la marcha a Madrid contra los despidos exige que el Gobierno cree empleo, por tanto refuerce la caja de la SS. Pero sobre todo al exigir la prohibición de los despidos exigimos que los trabajadores no paguen la ayuda a los bancos, y esos recortes de pensiones y sanidad, ¿que son sino más ayuda a los bancos a costa de la vida de los currantes?

Los sindicatos deben hacer frente común en defensa de las pensiones

Cándido Méndez, en el XI Congreso Federal de la Unión de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas de UGT, ha pedido que se camine hacia una mejora del sistema público de pensiones en España y no hacia su “recorte”, y advirtió que “el sistema público de pensiones en España y las cuantías de las pensiones están por debajo de la mayoría de los países de la Unión Europea”.

Méndez respondió al informe de la Comisión Europea diciendo que con mensajes “alarmistas” como éste, que abogan equivocadamente por recortar el gasto social, no se consigue generar un clima de confianza para luchar contra la crisis. “Cualquier política de recorte de gasto público, de recorte de gasto social, en esta situación de recesión económica, lo que haría sería ahondar en la gravedad de la crisis y no contribuiría a resolver esta situación”.

Cándido indicó que, hoy, en “plena crisis”, por cada pensionista hay en España 2,61 cotizantes al sistema de Seguridad Social. “Esta situación es mejor que hace 20 años y una de las mejores de los últimos años”, y afirmó que “en vez de hablar de cómo reducir gasto en sanidad y pensiones” se debería discutir cómo aumentar los ingresos públicos para reformar el sistema de protección social y de pensiones. Palabras que comparten, sin duda, muchos militantes de CCOO.

Sin duda, haría falta un frente común de UGT y CCOO para hacer valer estas propuestas, para exigir al Gobierno que no aplique las “recomendaciones de la Unión Europea.

¿No deberían negarse a que los fondos de formación se entreguen a las empresas?

En segundo lugar, para reforzar la caja de la Seguridad Social, ¿no deberían CCOO y UGT retirar el acuerdo del 0,3% de aumento en la Función Pública y negarse a firmar con la CEOE cualquier recorte del poder adquisitivo en 2009, en 2010…?

En tercer lugar, y lo más importante, para llenar las arcas de la Seguridad Social, ¿no deben CCOO y UGT, como han hecho otras confederaciones sindicales europeas, exigir que el Gobierno prohíba los despidos, al menos temporalmente?

Son exigencias elementales para defender las pensiones, el empleo, las condiciones de vida. Los trabajadores estarían dispuestos a defenderlas con la movilización más masiva y contundente. Evidentemente, todo eso choca con lo que exigen los comisarios de la Unión Europea, sus tratados y directivas. Pero los sindicatos y partidos de los trabajadores se deben a los trabajadores.