Actualizado: 22 de diciembre de 2009 

El gobierno ha presentado en Cortes un proyecto de Ley de Economía Sostenible. En su presentación, el presidente Zapatero decía que “comparezco hoy ante la Cámara para presentar la Estrategia de la Economía Sostenible (...) un plan global de reformas que responde a una firme convicción: necesitamos apoyar la recuperación de la economía en una renovación profunda de su patrón productivo, mejorando al mismo tiempo su competitividad. (...) La pieza central de la Estrategia es, sin duda, la Ley de Economía Sostenible. Pero aquella no se agota en ésta. No es posible desarrollar todos los cambios que pueden incidir en el nuevo modelo productivo en un único texto normativo, por ambicioso que quiera ser; y éste pretende serlo”.

Se trata, por tanto, de la pieza clave de ese “nuevo modelo productivo” del que tanto nos hablan, y que de paso justifica dar nuevos pasos en la liquidación del “viejo modelo productivo” (industria, minería, agricultura...), y para ponerla en marcha, según el propio Zapatero, “El Gobierno va a promover los cambios pidiendo la implicación y colaboración de los actores institucionales y sociales correspondientes” (es decir, entre otras, de las organizaciones de los trabajadores).

Veamos de qué se trata.

Traducción de los planes de la Unión Europea

El proyecto de ley comienza por la descripción de los “organismos reguladores” (reguladores en los ámbitos de la energía, las telecomunicaciones, la competencia, el sector postal, ferroviario...), que “deberán fomentar el contacto, la colaboración y la coordinación regular y periódica con los organismos reguladores de los Estados miembros de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y de otros Estados”. Estos organismos reguladores no están concebidos para satisfacer las necesidades de la población y de la producción, sino para impedir que el Gobierno gobierne y garantizar la “libre competencia” exigida por las directivas europeas. El proyecto refuerza ese papel de dos maneras: atándolos más a Bruselas y dando primacía a la Comisión Nacional de la Competencia, que ataca sistemáticamente los convenios colectivos y los servicios públicos.

Del mismo modo, el proyecto defiende la “sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas”, para lo cual “el Gobierno (...) aprobará en el plazo de seis meses un Plan de austeridad y calidad del gasto de la Administración General del Estado que permita, por una parte, mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico de acuerdo con los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria, las previsiones del derecho comunitario y los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el ámbito de la Unión Europea” (la negrita es nuestra).

Ahora, según la ley, “las Administraciones Públicas que (...) incumplieran lo dispuesto en las normas de Derecho comunitario, dando lugar al incumplimiento de las obligaciones de España frente a la Unión Europea, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran derivado”.

Ahora bien, ¿no son los planes de la Unión Europea y su “modelo productivo” basado en la “libre competencia no falseada” los que nos han llevado a la destrucción de la industria (siderurgia, astilleros...), a la deslocalización masiva, a la desertificación del campo con la desaparición del 60% de la población activa agraria, a la economía basada en la especulación y los ladrilleros?

¿No son la “austeridad presupuestaria y el Pacto de Estabilidad lo que ha llevado a la asfixia y  la privatización de servicios públicos, a la quiebra de los Ayuntamientos (y luego de las Autonomías)? Y ahora ¿la solución es liquidar los servicios públicos?

Otra vez, miles de millones de fondos públicos

La ley prevé la creación de un “Fondo para la Economía Sostenible, con una dotación de hasta 20.000 millones de euros en 2010 y 2011. El fondo, que será gestionado por el ICO y cofinanciado al 50% por las entidades financieras, se destinará a la financiación de proyectos de inversión por parte del sector privado en los sectores y actividades prioritarios para la sostenibilidad”.

Fondos públicos que se unen a los ya destinados a financiar a las eléctricas y sus inversiones en energías renovables y a otras ayudas. Por ejemplo, el Gobierno Vasco acaba de decidir que financiará la inversión de 9 millones de euros de la Mercedes-Benz para fabricar furgonetas eléctricas en su factoría de Vitoria.

Una vez más, y ahora con la excusa de la sostenibilidad, miles de millones son arrebatados a los presupuestos públicos, de los servicios públicos. Y los que se benefician de esta rapiña no se conforman con esto. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, declara que los consumidores deben acostumbrarse a “pagar más y consumir menos”, ya que según él los precios energéticos tendrán que subir para que las empresas realicen las inversiones necesarias para recortar las emisiones de dióxido de carbono, y las empresas no se atreverán a llevar a cabo las inversiones necesarias para reducir las emisiones “a no ser que esperen obtener una considerable rentabilidad”. En caso contrario, advierte, “ningún banco se va a atrever a invertir” en el sector.

Las ayudas públicas a los especuladores ya han disparado la deuda pública. Acabamos de ver cómo el gobierno de Grecia exige “sacrificios” y “recortes” a los trabajadores para financiar la suya, y muchos auguran que la del Reino de España va por el mismo camino. ¿No ha costado ya a los trabajadores y los pueblos del estado español suficientemente caro el mantenimiento de estos especuladores, del propio sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción?  ¿No es hora ya de nacionalizar la Banca, de renacionalizar Endesa y nacionalizar las demás eléctricas? Pero la Ley va precisamente por el camino contrario, al proponer un “Plan de racionalización del sector público empresarial estatal con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación de las entidades que lo componen y proceder, en su caso, a su reforma y racionalización”. Desgraciadamente, ya sabemos qué significan la reforma y la racionalización de las empresas públicas: más despidos de trabajadores, privatizar las poquitas que quedan.

La quiebra de las administraciones públicas

Ya hemos visto cómo la Ley somete a las administraciones a la “austeridad” que exigen la Comisión Europea desde Bruselas y el Banco Central Europeo desde Fráncfort: pero la ley da una nueva vuelta de tuerca, a propósito de la “morosidad” de las administraciones: “la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”, y si no es así, “si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar”. Hasta ahora, las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos y los servicios sanitarios, hacen frente a su falta de liquidez dilatando pagos. Con este sistema, en dos meses los tribunales están obligados a embargarles. Sin una financiación suficiente (imposible si se obedece a la “austeridad” de Bruselas y Fráncfort), puede suponer la quiebra, la privatización masiva, el despido de miles de empleados públicos.

En definitiva, al capitalismo le sobran los servicios públicos, las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Qué es sostenible hoy para el capitalismo? Sólo agravar la explotación para sostener los beneficios.

Hay que defender el empleo, los servicios públicos, las conquistas sociales

Una vez más, es preciso preguntarse ¿Zapatero fue elegido para defender a las multinacionales o a los trabajadores y los servicios públicos? ¿Fue elegido para mantener los puestos de trabajo en la industria o para sacrificarlos a los beneficios capitalistas disfrazados de “sostenibilidad”?

En el Congreso, Zapatero solicitó “la implicación y colaboración de los actores institucionales y sociales correspondientes” en la aplicación de estos planes. ¿Deben las organizaciones de los trabajadores colaborar en estos planes de destrucción de la economía y los servicios públicos y de rapiña de los presupuestos?