Actualizado: 16 de enero de 2010 

La prensa anuncia que en la agenda del Gobierno Zapatero para el año 2010 figura una reforma del sistema de pensiones públicas, que el gobierno prevé presentar el 29 de enero y someter a discusión dentro del Pacto de Toledo.

La mayoría de los países de la UE aceleran también recortes en sus sistemas de pensiones, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y el Banco Central (ver CS 244). Para la Unión Europea, recortar las pensiones es una prioridad. Y Zapatero, presidente de la UE durante el primer semestre, quiere dar ejemplo, ponerse en cabeza de las contrarreformas de la Seguridad Social.

¿Quién impulsa las reformas?

Para justificar los recortes, se intoxica a la opinión pública con supuestos “informes técnicos” La mayoría de estos informes que auguran la quiebra inminente del sistema de pensiones públicas viene directamente de la gran Banca. En España, suelen citarse los del Servicio de Estudios del BBVA, que los publica anualmente.

¿Cómo puede considerarse al servicio de Estudios del BBVA una fuente “neutral y científica”, cuando el BBVA es el principal responsable de fondos de pensiones privados en el estado español? Según el propio banco “el BBVA ha reforzado en 2008 su posición de líder en planes de pensiones en el total del sistema con un patrimonio bajo gestión de 14.644 millones de euros al avanzar 77 puntos básicos y lograr una cuota de mercado del 18,68%”. La zorra aconseja dónde instalar el gallinero y qué medidas tomar para mantenerlo.

El negocio en cuestión es fabuloso. El gasto de la Seguridad Social en pensiones ha sido en 2009 de 6.476 millones mensuales, casi 80.000 millones de euros al año. Un bocado aún más apetecible cuando los especuladores necesitan reponer lo que se les ha evaporado en las burbujas inmobiliaria y del crédito.

Conviene recordar que los “profetas” anunciaron la “quiebra inminente” de la Seguridad Social primero para 2010, luego 2015 y ahora 2023, con fondos de reserva hasta 2029.

Resistencias sindicales a los anuncios del Gobierno

Los gobiernos sometidos a Bruselas (y a través de Bruselas, a lo que diga la gran Banca) no son mucho más creíbles que los servicios de estudios de los bancos. El 23 de octubre de 2008, el Ministro de Trabajo, Corbacho y el secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado presentaron el Informe sobre Estrategia Nacional de Pensiones.

El 24 de octubre un documento sindical recogía objeciones demoledoras contra el informe del Gobierno, negando cualquier pretensión de que la Seguridad Social vaya a quebrar en tal o cual año. Señalaba que las proyecciones no pueden ser previsiones, pues están sujetas a muchas variables. Las proyecciones de 2008 cambian drásticamente las de 2005. ¡Lo que cambiará en 50 años!

Además, el documento cuestionaba las propias proyecciones del informe, ya que éste elegía el escenario demográfico más restrictivo (el de Eurostat, no el del INE) y el escenario macroeconómico del Mº de Economía en que se basaba era pesimista y arbitrario: “inexplicablemente”, decidía que de 2030 a 2060 habrá bajo crecimiento y pérdida de empleo.

Se preguntaba ¿por qué no se hacen escenarios alternativos?, y añadía que “aunque así fuera, ¿es tan desorbitado ese gasto para 2050?” Muchos países de la UE dedican a pensiones un porcentaje del PIB semejante al que costaría la proyección del Gobierno.

Finalmente concluía que el problema no es el gasto sino la financiación decidida en el Pacto de Toledo, y la proyección arbitraria de que durante 40 años las cotizaciones serán el 9,74% del PIB. Y señalaba que es necesaria una decisión política: incrementar los recursos si es preciso, en diversas formas.

En efecto, hay que elegir entre mantener el sistema de pensiones o mantener el Pacto de Toledo. Tomar toda la vida laboral como base para calcular la base reguladora de la pensión es llevar a sus últimas consecuencias el criterio de la “contributividad” con que dicho Pacto disfraza el sistema de capitalización individual. Y el dispositivo de financiación está pensado para asfixiar las pensiones públicas, como reconoce ese documento. ¿No es hora de que los partidos que hablan en nombre de los trabajadores y los sindicatos abandonen ese Pacto?

¿La alternativa, los planes de pensiones?

Todos los que auguran la quiebra del sistema de pensiones y proponen recortes, avanzan la misma propuesta: los planes de pensiones privados, como “complemento” o como “alternativa” a las pensiones públicas.

Pero esta propuesta de que la banca meta cuchara en los 80.000 millones de las pensiones tropieza con un problema: los fondos de pensiones son una ruina.

Pablo Fernández y Vicente J. Bermejo, investigadores del IESE, publicaron en 2008 un estudio titulado “Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España 1991-2007”, que deja en evidencia la rentabilidad de este tipo de productos frente a la inflación, los bonos del Estado y la bolsa española. En concreto, señala que, en los últimos 10 y 17 años, la rentabilidad media de los planes de pensiones fue inferior a la inversión en bonos del estado. “Sólo dos de los 170 planes con 17 años de historia tuvieron una rentabilidad superior a los bonos”. La comparación con el Índice de la Bolsa de Madrid es igual de “decepcionante”, ya que ninguno de los 170 planes con 17 años de antigüedad la supera en rentabilidad. Y en 2008 la cosa fue peor: los Fondos de Pensiones españoles perdieron más del 4%

En Chile, donde las pensiones públicas fueron eliminadas por Pinochet y sustituidas por fondos de pensiones, siguiendo las recomendaciones del FMI, los fondos administran cerca de cien mil millones de dólares (2/3 del PIB chileno). El FMI prevé ahora que las pensiones de los trabajadores chilenos en el sistema privado no promediarán más de un 40% de sus salarios previos. Casi la mitad de todas las chilenas y un cuarto de los hombres de dicha nación recibirán sólo el 20% de sus salarios al jubilarse, lo que virtualmente asegura que la jubilación los hundirá en penurias. Argentina ha tenido que renacionalizar las pensiones.

Ni un recorte de pensiones

En junio de 2009, la prensa informó de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el portavoz del PP en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, habían llegado a un acuerdo para la reforma de las pensiones.

Ahora, se anuncia que las propuestas del Gobierno incluyen: retrasar paulatinamente la edad real de jubilación, incentivar a quienes retrasen su jubilación, incrementar el periodo de cómputo de las pensiones, aumentar la complementariedad con los fondos de pensiones.

El objetivo parece ser cambiar el sistema de cálculo de la pensión, ampliándolo a toda la vida laboral del trabajador. Ahora el plazo es de 15 años –los últimos antes de la jubilación– y la intención es aumentarlo cada dos años en 12 meses, de forma que dentro de 20 ó 30 años el cómputo del cálculo abarque ya toda la vida laboral, según publica ABC.

Un informe elaborado por la consultora Labour Asociados para la Seguridad Social admite que “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. Si se extiende el plazo a toda la vida laboral –unos 45 años–, un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) revela que la rebaja respecto a las cantidades actuales alcanzaría, al menos, el 30%.

La ministra de Economía, Elena Salgado, ha propuesto ya retrasar la edad de jubilación. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, le respondió que sería un “disparate” y le recordó que en 2006 el Gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos en el que se comprometían a “analizar la situación de determinados sectores en los que sería conveniente adelantar la edad de la jubilación por las condiciones en las que se desarrolla el trabajo”

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha manifestado “absolutamente en contra” de usar como referencia para el cálculo de las pensiones toda la vida laboral de un trabajador. “Hay que buscar otra fórmula” para mantener el sistema de pensiones y abogó por plantear cómo mejorar los ingresos en vez de hablar “obsesivamente” de recortar el gasto.

Defender el empleo, los salarios, las pensiones públicas

Los sindicatos no pueden aceptar ningún recorte de pensiones, ninguna prolongación de la vida laboral. Pero es preciso ir más lejos. El estado español dedica a las pensiones sólo un 10% del PIB (el segundo más bajo de Europa). Y las pensiones no son para tirar cohetes: según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, la pensión media de jubilación del sistema público se situó en septiembre de 2009 en 857 euros.

No está justificado ningún recorte de pensiones. Lo que hay que hacer es tomar medidas para defender y mejorar las pensiones, que son la única garantía de protección contra la miseria en la vejez para los trabajadores.

Para empezar, hay que acabar con las bonificaciones a los empresarios en las cuotas de la S. Social. Según CCOO, desde 1998 a 2008 han supuesto 23.776,05 millones de euros (un 3% del PIB), a costa de la caja de la Seguridad Social. Y que devuelvan el dinero que, según el propio ministro de Trabajo, no ha servido para crear empleo.

En segundo lugar, hay que exigir una subida inmediata del salario mínimo (que supondría un incremento de las cuotas a la Seguridad Social). El Gobierno prometió subirlo a 800 euros en 2012, pero sólo lo ha subido un 1,5% este año. Y 800 euros no bastan. Hay que ir por lo menos a 1000 euros. Los sindicatos deben desechar toda propuesta de “moderación salarial” (empezando por la función pública, donde es preciso romper el acuerdo de 0,3% de subida).

¿No exige el interés de los trabajadores que los dirigentes de UGT y de CCOO declaren conjuntamente que no aceptarán que se amplíe ni un día el periodo computado para calcular la pensión, como declaró la semana pasada Carmen López, de la Ejecutiva de UGT, ni que se retarse la edad de jubilación? Y el Partido Socialista, para no agravar la difícil situación de los trabajadores, ¿no debe romper el acuerdo con el PP de reforma de las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo?

Finalmente ¿Cómo puede mantenerse el sistema de pensiones públicas si cada día se pierden empleos bien pagados, con cuotas altas a la S. Social? ¿Cómo es posible mantener las pensiones si se pierden 2 millones de cotizantes? Defender la Seguridad Social exige hoy combatir contra EREs y despidos, exigir al Gobierno que prohíba los despidos en todos los sectores.