Actualizado: 3 de febrero de 2010 

El 29 de enero, el Gobierno ha presentado sus propuestas de reforma de la Seguridad Social, que además de proponer recortes en la pensión de viudedad, básicamente plantean dos cuestiones: retrasar de manera gradual la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar el periodo de cómputo de las pensiones (probablemente, de los 15 años a que se aumentó en la última reforma a 20 años)

En esta Carta Semanal hemos hablado varias veces de las propuestas de ataque al derecho a la jubilación. En la CS 244, del 11 de noviembre de 2009, analizábamos las exigencias de la Unión Europea de recortes en las pensiones y la sanidad pública. En la CS 253, de 16 de enero de 2010, analizábamos cómo detrás de las exigencias de recorte se esconde la voracidad de la gran banca, de los especuladores que buscan cómo reponer lo que se les ha evaporado en las burbujas inmobiliaria y del crédito, metiendo mano en el negocio de las pensiones, que supone un gasto de casi 80.000 millones de euros al año.

El derecho a sobrevivir en la vejez depende de las pensiones públicas

Los trabajadores, que tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para sobrevivir, no suelen disponer de rentas para vivir cuando dejan de trabajar, ya sea por vejez o enfermedad. Su única garantía es el sistema público de pensiones, que no es sino salario diferido, dinero que se arranca al patrón para pagarse cuando se deja de trabajar.

El derecho a la jubilación pagada no fue un regalo, sino una conquista arrancada en la lucha de clases, reduciendo la tasa de explotación. Los capitalistas, propietarios de los medios de producción, siempre se han resentido de tener que cederlo.

Hoy, de lo que se trata es de recuperar para el capitalista la mayor parte posible de ese salario diferido. Nos roban los empleos, los salarios. Con el recorte de pensiones, aún quieren robar más a la clase trabajadora. Cándido Méndez ha declarado, con razón, que la propuesta sólo satisface a los mercados financieros. En efecto, Díaz Ferrán, la patronal de Seguros, numerosos “expertos” a sueldo del capital financiero se han apresurado a decir que la propuesta es “necesaria” ¡cómo si a ellos, que tienen rentas o se aseguran compensaciones millonarias al jubilarse, les preocupara un pito el futuro de las pensiones de los trabajadores!

Las pensiones no son del Gobierno ni de la Bolsa

Por tanto, las pensiones no son del Gobierno ni de los especuladores. Son salario diferido de los trabajadores y trabajadoras. Una conquista social que representa, además, una relación de solidaridad entre la generación más joven, que sigue activa, y los mayores jubilados.

Hoy, cuando 1.200.000 familias no tienen ninguna fuente de ingresos, hay muchos familiares parados que viven gracias a la pensión de los mayores.

Por lo tanto, la defensa de las pensiones no es cualquier cosa. Para la clase trabajadora es una cuestión fundamental.

¿Por qué recortar el derecho a la jubilación?

El Gobierno asegura que las contrarreformas que propone son necesarias para garantizar las pensiones públicas. ¿Cómo se explica, entonces, que hace unos meses estuviera dispuesto a reducir las cotizaciones de los patronos a la Seguridad Social?

¿Cómo es posible que, si el sistema está en peligro, año tras año se subvencione a los empresarios con bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social “para crear empleo”? Desde 1998 a 2008 estas subvenciones han supuesto 23.776,05 millones de euros (un 3% del PIB). Los Presupuestos del Estado para 2010 aumentan estas bonificaciones en 50 millones de euros, hasta los 2.850 millones de euros.

Zapatero fue elegido para defender el derecho a la jubilación, no para recortarlo

En las elecciones de 2008, los trabajadores eligieron 169 diputados del Partido Socialista y llevaron a Zapatero de nuevo al gobierno. Ni ZP ni los 169 parlamentarios del PSOE fueron elegidos para recortar el derecho a la jubilación, sino para defenderlo. Como lo fueron la decena de parlamentarios de otras formaciones que hablan en nombre de la clase trabajadora y de los pueblos.

Al recortar las pensiones, Zapatero no sólo está traicionando la voluntad de sus votantes, sino la propia naturaleza del PSOE, partido constituido hace 120 años para defender los intereses de la clase obrera. De seguir por este camino, puede acabar como el SPD alemán, que aprobó numerosas contrarreformas sociales, viendo cómo la mitad de sus afiliados lo abandonaban, y perdiendo más de la mitad de sus votantes.

El balance del Pacto de Toledo, que sólo ha servido para introducir recortes en el derecho a la jubilación con la excusa de “garantizar las pensiones futuras” exige que las organizaciones de los trabajadores lo abandonen, que lo entierren. La obligación del PSOE es romper su acuerdo con el PP cara a la comisión del Pacto de Toledo, y defender la jubilación a los 65 años, sin recortes, y las pensiones de viudedad.

Haciendo la política de la derecha, Zapatero prepara la vuelta de los franquistas del PP al gobierno.

La responsabilidad de los dirigentes de UGT y CCOO

Los sindicatos fueron fundados, y reconstruidos a la muerte de Franco, para defender los intereses propios de la clase trabajadora, para reducir la tasa de explotación. Si se recortan las pensiones, supondría aumentar la explotación.

Todo el mundo es consciente de que esta contrarreforma no puede salir adelante si los sindicatos no la apoyan o al menos la dejan pasar. Así lo han expresado incluso varios dirigentes del PSOE en la reunión de su Comité Federal.

Los dirigentes de UGT y CCOO han expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno. Cándido Méndez ha dicho que “no lo compartimos, primero porque supone un recorte de las prestaciones y segundo porque está a contrapelo de la realidad del país”, aludiendo a que es imposible reducir el paro de los jóvenes si se atrasa la jubilación. Toxo ha declarado que “el sistema tiene una salud razonable y no justifica cambios”, y ha añadido que “vamos a plantear una campaña para que llegue a todas las empresas y que se produzca una reconsideración de la propuesta (...) esperaremos las conclusiones del Pacto de Toledo; a partir de ahí, si no se modifica el plan seremos beligerantes".

Ahora bien, la gravedad de los recortes que propone el gobierno ¿no exigiría una respuesta inmediata, sin esperar al debate de la Comisión Parlamentaria de un Pacto de Toledo cuyo objetivo es, precisamente, reunir consensos para recortar las pensiones, como ya ha hecho en varias ocasiones? Defender las pensiones, ¿no exige precisamente romper con ese Pacto de Toledo cuyo objetivo es precisamente pactar recortes?

Es más, no basta con un rechazo genérico, un “no” que pueda convertirse en un “sí parcial”. La gravedad del ataque que propone el Gobierno exige una posición clara. Los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores deben dejar claro que no aprueban esas medidas de ataque al derecho a la jubilación, que no aceptan ni van a aceptar ningún retraso de la edad de jubilación, ningún alargamiento del periodo computado para el cálculo de la pensión, ninguna medida que cuestione el carácter universal de la pensión de viudedad.

En la manifestación del 12 de diciembre en Madrid, ambos dirigentes explicaron que descartaban la convocatoria de una huelga general porque hasta ahora el Gobierno no ha hecho ningún ataque directo a la protección social. Pero las propuestas de ataque al derecho a la jubilación ¿no exigen organizar desde ya la más amplia campaña de movilizaciones? ¿No harían necesario llegar hasta el final, hasta la convocatoria si es preciso de una huelga general?

Los dirigentes de UGT y CCOO tienen una gran responsabilidad. Desde todas las fábricas y centros de trabajo, desde todas las instancias sindicales, hay que exigirles que estén a la altura.