Actualizado: 9 de febrero de 2010 

La semana pasada, Zapatero ha hecho públicos sus planes de gobierno para el próximo periodo. No lo ha hecho ante el acto de mineros de Rodiezmo, ni ante los trabajadores que se afilian al Partido Socialista desde hace 120 años para defender sus intereses, ni ante sus votantes: lo ha hecho ante las multinacionales que organizan el Foro de Davos y ante la Comisión Europea.

De palabra en Davos y por escrito en el llamado Plan de Estabilidad 2009-2013, Zapatero ha expuesto un programa que se basa en la voluntad de hacer pagar a los pensionistas, a los empleados públicos, a los trabajadores en general, y a los servicios públicos las consecuencias de la crisis y del déficit y la deuda públicos (que se deben, en primer lugar, a los más de cien mil de millones entregados como ayudas a los especuladores y los banqueros).

En el Comité Federal del PSOE, el propio Zapatero explicaba que se trata de “recuperar la confianza” de los mercados financieros internacionales... que sólo confían en la posibilidad de hacer negocios y recuperar los millones evaporados en la especulación a costa de reducir el coste de la fuerza de trabajo, salarios directos y diferidos, servicios públicos, conquistas sociales de los trabajadores.

Multinacionales y especuladores saludan la propuesta

La indignación crecía entre los trabajadores al conocer las propuestas de recortes sociales, en tanto que banqueros y especuladores, así como los organismos que defienden a esta ralea, saludaban a coro las medidas.

ABC, bajo el irónico titular “los nuevos aliados del gobierno” hablaba de “aluvión de adhesiones al 'pensionazo' entre los 'poderosos'” y recordaba que “la tan denostada CEOE, con su presidente Gerardo Díaz Ferrán a la cabeza, la patronal europea, la escuela de negocios ESADE, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de pensiones (Inverco) y la OCDE han aplaudido la iniciativa”

Gerardo Díaz Ferrán aplaudía la medida, que consideraba “de sentido común”, en tanto que el presidente del Banco Santander, Emilio Botín (¿habrá una vez un apellido más acorde con el personaje?) declaraba que las medidas anunciadas por el Gobierno son “las más importantes de los últimos años” y van “en la buena dirección”.

Estos cínicos tienen la caradura de hablar de defender el sistema público de pensiones, cuando la prensa acaba de publicar que el presidente del BBVA Francisco González, recibirá 79,7 millones de euros como pensión de jubilación. ¿Hay que recordar que el BBVA es el principal inversor en fondos de pensiones en España, y que su Servicio de Estudios publica cada año sesudos informes pronosticando la quiebra de las pensiones públicas?

No es casualidad que las medidas se incluyan en un plan de estabilidad presentado ante la Comisión Europea, en respuesta a las exigencia de ésta de controlar el déficit público (déficit que para la Comisión era perdonable si se trataba de gastar en ayudas a los banqueros). La Comisión Europea ha demostrado durante años su papel como ejecutora de los planes de las multinacionales contra los trabajadores y los pueblos de Europa.

Hay que recordar que han sido precisamente los “mercados financieros” quienes en las últimas semanas han presionado al Gobierno para que “tome medidas”, con acciones especulativas contra la deuda pública del Reino de España.

Además, como recuerda el catedrático de Economía Antonio Costas en El País, si no existiese el euro, habrían sido posible otras medidas de ajuste económico, estrategias que permitirían “no cargar todo el ajuste sobre la reducción de salarios y el desempleo. Es decir, endosar el coste de la crisis a las clases más débiles” La Unión Europea y el euro vuelven a actuar como bombas-trampa contra los trabajadores.

Más ataques a las pensiones...

Las medidas incluidas en el Programa de Estabilidad suponen nuevos ataques a las pensiones públicas. Al anunciado retraso de la jubilación a los 67 años, el documento enviado a Bruselas añadía el aumento del periodo de cómputo de la pensión, de 15 a 25 años, y subir de 15 a 17 años de cotización el mínimo para generar derecho a pensión. Luego, ante el escándalo generado, el gobierno ha dicho que se trataba de un “error” y de un “ejemplo”, y ha retirado esas propuestas del documento. Pero, aunque haya retirado las propuestas concretas, sigue manteniendo la idea de recortar el gasto en pensiones un 4% del PIB, es decir, 40.000 millones de euros, a partir de 2030. En los cálculos originales, los dos años de retraso en la jubilación suponían 20.000 millones, y los 10 años de aumento del periodo de cómputo otros 20.000 millones, resultado de la bajada en las pensiones que supondría esa medida.

... y a los servicios públicos y sus trabajadores

La propuesta incluye un recorte de 50.000 millones en el gasto público, para reducir el déficit de las administraciones públicas, del 11,4% del PIB en 2009, a menos del 3%, que exige Bruselas. Para ello, el Gobierno propone, en primer lugar, un ahorro del gasto público de 1,9 puntos porcentuales del PIB en la remuneración de los asalariados públicos. 19.000 millones arrancados al salario de los funcionarios, lo que equivale a un recorte del 4% en su masa salarial. Para conseguirlo, se propone, entre otras cosas, la reducción en un 6,3% del número de empleados públicos.

Además, la inversión pública, “disminuirá su peso en 0,9 puntos porcentuales del PIB (sin incluir la reversión de los fondos extraordinarios), lo que supone un retroceso del 14% respecto al nivel de 2009”. Es decir, la inversión pública se reducirá en 9.000 millones de euros. El gobierno dice que “Las inversiones en infraestructuras serán las menos afectadas, pero aún así se resentirán significativamente”

El programa remitido por el gobierno a los sátrapas de Bruselas incluye también un Plan de austeridad y calidad del gasto de la Administración General del Estado. Este Plan “se verá reforzado con la creación de un grupo especial de evaluación del gasto que elabore propuestas para su racionalización e incremento de su eficiencia (...) además, se exigirá corresponsabilidad a todos los niveles de las Administraciones Públicas ante posibles sanciones de la Unión Europea por déficit excesivo”.

Ahora bien, un recorte de personal y de retribuciones en el sector público, unido a un recorte de inversiones, no augura otra cosa que una oleada de privatizaciones en los servicios públicos.

¿Y encima otra reforma laboral?

Además, el viernes, el Gobierno ha presentado, para su discusión en el marco del diálogo social, propuestas para una nueva reforma laboral. Los responsables del Gobierno han anunciado que no han presentado públicamente todas sus propuestas (para que no les pase como con el aumento del cómputo de las pensiones, presentado ante Bruselas, que tuvieron que desmentir para no echar más leña al fuego del rechazo popular), pero el eje parece ser generalizar el contrato con indemnización por despido de 33 días en lugar de 45, y las bonificaciones a los empresarios.

Cuando se producen 4000 despidos diarios, ¿lo que hace falta es poner más barato el despido?

Todos los ojos se vuelven a los dirigentes de UGT y CCOO

Las propuestas del gobierno han despertado una indignación generalizada entre los trabajadores. Un rechazo masivo que anuncia una estrepitosa derrota electoral del PSOE, que parece encaminarse por la senda del SPD alemán, que puso en marcha desde el Gobierno un extenso plan de contrarreformas sociales, el Programa 2010. Como consecuencia de esa política, el 50% de los militantes y el 50% de los votantes del SPD abandonaron ese partido.

Los trabajadores dicen en todas partes que las propuestas del Gobierno no pueden aceptarse. Y se preguntan qué van a hacer sus organizaciones, si van a aceptar estas propuestas o van a organizar la movilización hasta que sean retiradas.

Las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores están ante un desafío histórico: o aceptar el plan de ajuste dictado por la UE y el FMI, es decir, los especuladores y banqueros, poniendo en peligro la existencia de la clase obrera, participando en su destrucción, y en la destrucción de las propias organizaciones, u organizar la resistencia, no participar en los planes del gran capital, abrir la vía a un Plan de urgencia en favor de los trabajadores… La primera exigencia es la retirada del Plan de Ajuste del FMI /UE

Los dirigentes de UGT y CCOO tienen el deber de defender los empleos, las pensiones, los servicios públicos. No pueden aceptar ni negociar las propuestas del Gobierno. Deben organizar la movilización unida hasta la retirada de las propuestas. Los sindicatos de la función pública en Grecia llaman el día 10 a la huelga general contra el plan de ajuste del gobierno Papandreu, dictado por el FMI. Las confederaciones griegas les apoyan ¿No es éste el camino?

El mitin del 20 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid por la prohibición de los despidos, por la creación de empleo, debe servir para organizar la lucha unida por medidas a favor de los trabajadores, por la retirada de las medidas que el Gobierno ha propuesto como vasallo de las instituciones de la Unión Europea