Actualizado: 6 de marzo de 2010 

Varios cientos de miles de trabajadores y trabajadoras se han manifestado en las distintas capitales de provincia a convocatoria de UGT y CCOO contra las propuestas de recortes de pensiones propuestas por el Gobierno Zapatero en obediencia a los mandatos de la Comisión Europea y las exigencias de los mercados financieros. Y todo el mundo está convencido de que, con una convocatoria planteada y organizada de otra manera, habrían sido muchísimos más.

Ahora, muchos de los cuadros sindicales que han trabajado para que las manifestaciones fueran un éxito, al igual que muchos de los que han participado en ellas, se preguntan ¿y ahora qué? ¿cómo continuar la lucha contra las propuestas de recorte de pensiones? Una lucha, por cierto, indisolublemente unida al combate contra el conjunto del Plan de Estabilidad, que ahora se materializa como una amenaza al salario y el empleo de los funcionarios, a los propios servicios públicos.

Ahora ¿esperar a ver qué pasa en la Comisión del Pacto de Toledo?

Algunos dirigentes sindicales parecen opinar que con las manifestaciones habidas es bastante, que los sindicatos han mostrado su oposición, y que ahora se trata de abrir una negociación sobre las reformas o esperar a que trabaje la Comisión Parlamentaria del pacto de Toledo.

Así, al terminar la manifestación del día 23 en Madrid, el primer orador, Javier López, secretario general de CCOO-Madrid, empezó diciendo NO al recorte… porque es anticonstitucional y porque “cualquier cualquier modificación [de las pensiones] sólo puede ser abordada desde el acuerdo, sólo puede ser acordada en el Pacto de Toledo”. Que viene a ser lo mismo que dijo al día siguiente en las Cortes el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corba- cho, cuando aseguró que la propuesta final para reformar el actual sistema de pensiones será la que se decida y acuerde en el seno del Pacto de Toledo y no la que diga el Gobierno.

Ahora bien ¿sería aceptable jubilarse a los 67 años porque lo decida esa Comi- sión? ¿Tendríamos los trabajadores que aceptar recortes de nuestras pensiones, de nuestro salario diferido si lo decide el Gobierno por consenso con los franquistas del PP y la derecha “nacionalista”? ¿Tendrían que someterse, entonces, los sindicatos a esos recortes?

¿Qué ha hecho hasta ahora el Pacto de Toledo?

Hay que recordar que el Pacto de Toledo fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 y formuló sus primeras 15 recomendaciones en 1996. La mayoría de ellas no se ha llevado a cabo, como es el caso de la unificación de regímenes de Seguridad Social.

Pero las medidas que sí se han convertido en realidad, han sido todas de recorte de las pensiones, empezando por el aumento del periodo de cálculo de la pensión, que pasó de ser la media de los últimos 8 años cotizados a ser la media de los últimos 15, lo que supuso un recorte de las pensiones de un 15%, según la mayoría de los economistas. O el apoyo a los fondos de pensiones privados como “complemento” de las pensiones públicas.

¿Casualidad? En absoluto. El Pacto de Toledo es, desde su creación, un mecanismo “consensuado” contra las pensiones, un mecanismo para someter a los partidos y sindicatos de los trabajadores a las exigencias de recorte de pensiones que periódicamente vienen de las Cumbres de la Unión Europea.

Tampoco es casualidad que las medidas de recorte que el Gobierno ha presentado ante la Comisión del Pacto de Toledo vengan también incluidas en el “plan de Estabilidad” (que en realidad debía llamarse “plan de austeridad”) que el Gobierno presentó ante la Unión Europea, en el que se compromete a recortar en 40.000 millones de euros el gasto en pensiones públicas. Hoy, el Pacto de Toledo es un mecanismo más de ese plan de austeridad. De ahí no puede salir nada bueno.

¡Retirada de las propuestas de recorte de las pensiones!

Enfrentadas a un Plan de Austeridad exigido y controlado por la Unión Europea, y aún más duro que el del gobierno Za- patero, las organizaciones sindicales de los trabajadores griegos han llevado a cabo el 24 de febrero una exitosa huelga general que ha paralizado el país, para exigir la retirada de ese plan de austeridad, señalando el camino que deben re- correr las organizaciones de los trabajadores españoles.

Las propuestas de recorte de pensiones, de rebajar el salario de los empleados públicos, de reducir las plantillas y las inversiones en los servicios públicos, no pueden ser consentidas ni negociadas por los sindicatos. No deben ser aprobadas por la mayoría de las Cortes, que se reclama de los derechos y conquistas sociales. El Gobierno tiene la obligación democrática y moral de retirarlas, porque ni Zapatero ni los 169 diputados socialistas del Congreso han sido elegidos para recortar pensiones y servicios públicos, sino todo lo contrario, para defenderlos.

Ningún retraso de la edad de jubilación.

Ninguna ampliación de los años computados para calcular la pensión.

Ningún aumento de los años necesarios para cobrar pensión contributiva.

Mantener el carácter universal de la pensión contributiva de viudedad.

¡No toquéis las pensiones!

Esa es la exigencia de la inmensa mayoría, que los dirigentes de UGT y CCOO deben defender: retirada inmediata de todas las propuestas de recorte, y no esperar a ver qué pasa, a ver cuáles recortes son decididos en el pacto de Toledo conjuntamente con el PP.

Los trabajadores de este país hemos demostrado muchas veces que tenemos la fuerza suficiente para echar atrás cualquier recorte que nos quieran imponer, y que tenemos organizaciones que pueden canalizar y organizar esa fuerza. La última vez, en la huelga general del 20 de junio de 2002 que obligó al gobierno de Aznar a retirar la mayor parte del decretazo.

Hoy, nuestras organizaciones deben abandonar toda sumisión al Pacto de Toledo, toda espera a lo que se pueda decidir en él. Los trabajadores esperan que declaren que no aceptarán ningún recorte y exijan al gobierno la retirada de su propuesta. Que organicen sin demora la movilización unida en exigencia de la retirada del pensionazo y el Plan de Estabilidad.