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 Publicada: 6 de diciembre de 2008 
30 años de Constitución monárquica

Este 6 de diciembre se cumplen 30 años de la proclamación de la Constitución que consagró la monarquía presidida por Juan Carlos de Borbón, el heredero designado por el dictador Franco. Aniversario que se produce a pocos días de que la Audiencia Nacional dictamine que no se puede exigir responsabilidades penales por los 150.000 desaparecidos, asesinados por la represión franquista. La negativa de los jueces a juzgar “a los suyos” (se disfrace con los argumentos “jurídicos” que se disfrace) ilustra la naturaleza del aparato judicial heredado del franquismo sin depurar –ni reincorporar a los expulsados por Franco– y, por tanto, la naturaleza de las instituciones (ejército, cuerpos represivos...) del Estado establecido en la Constitución de 1978.

La Constitución de 1978 es el resultado de una componenda, de un acuerdo entre los representantes del franquismo en descomposición y los dirigentes de la “oposición democrática”, y en especial, del PCE y del PSOE.

A la muerte de Franco, una inmensa movilización de los trabajadores, la juventud y los pueblos del Estado español, que adquirió características prerrevolucionarias y que amenazó las bases mismas del sistema capitalista en nuestro país, impuso al franquismo en descomposición la legalidad de las organizaciones obreras y el reconocimiento de los derechos democráticos de asociación, expresión, manifestación y huelga.

Los derechos son impuestos en la práctica. Así, a pesar de ser ilegal toda huelga, desde 1976 hasta mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en conflictos laborales. La muerte de Franco abre la espita al movimiento obrero y popular, una movilización creciente de las masas que amenazaba con provocar una crisis revolucionaria en la sociedad: grandes huelgas en Madrid en enero de 1976, huelga general en Vitoria, surgimiento de coordinadoras de fábricas (de delegados elegidos) en el País Vasco.

Los trabajadores imponen la ruptura con el sindicato vertical, la libertad sindical. A pesar de la “ilegalidad”, en abril de 1976 UGT celebra de manera abierta su XXX Congreso y levanta la bandera del sindicato libre frente al Vertical, lo que hace afluir hacia ella a centenares de miles de trabajadores que odian al sindicato fascista.

Dirigentes de los partidos “prohibidos” aparecían en público y se identificaban como tales. El régimen se ve incapaz de detenerlos a todos.

Frente a este profundo movimiento, el aparato de la dictadura franquista, apoyado por la burguesía, la Iglesia y el Ejército, y respaldado por los Estados Unidos, se aferraba a la continuidad de las instituciones de la dictadura.

En marzo de 1975 (seis meses antes de la muerte del dictador), en Helsinki, los Estados Unidos, el Kremlin, el Vaticano y todos los gobiernos europeos, se habían comprometido a garantizar la continuidad de todos los regímenes existentes en Europa, por tanto de la dictadura. Buscaban impedir una explosión revolucionaria en el Estado español, y aislar con ello la revolución portuguesa que había barrido la dictadura salazarista.

Así, la burocracia del Kremlin y su agencia en España, el PCE, dirigido entonces por Carrillo, junto con los dirigentes de la Internacional Socialista y del PSOE frenaron la movilización de las masas e impusieron la aceptación de buena parte de las instituciones del franquismo, en un Estado presidido por el heredero que Franco designó.

Tras las elecciones fraudulentas de 1977, en las que se expresó la fuerza de los trabajadores y sus organizaciones, ese consenso se plasmó en los llamados “pactos de la Moncloa”, en los que los partidos de los trabajadores y nacionalistas aceptaron la continuidad de lo fundamental del aparato de Estado de la dictadura, con su cabeza el Rey.

De ahí surgió la Constitución Monárquica: el mantenimiento del aparato judicial, militar y represivo de la dictadura, sin depuración alguna y sin readmitir a quienes fueron expulsados o depurados por “rojos”. Ni siquiera fueron tocados los miembros de tribunales especiales como el infausto Tribunal de Orden Público o de cuerpos represivos como la Brigada Político-Social. Los privilegios de la Iglesia, apegada al franquismo, fueron mantenidos y asegurados a través de nuevos acuerdos con el Estado. Las grandes fortunas acumuladas a través del fraude y de la explotación de mano de obra esclava fueron respetadas. La propiedad robada quedó en manos de los ladrones (como el Pazo de Meirás) Del mismo modo, los crímenes del franquismo no debían ser ni perseguidos ni investigados, y las víctimas debían renunciar a toda reparación (aunque más tarde se aprobaron míseras compensaciones para algunos presos políticos y pensiones para los militares de la República: un humorista decía que “la cuantía de las pensiones se ha calculado para que los que las reciben no olviden que perdieron la guerra”).

Del mismo modo, el ejército de la “Cruzada”, que a partir de los acuerdos de 1953 se sometió al aparato militar de los Estados Unidos, impuso el mantenimiento de las bases militares yanquis y la entrada en la OTAN.

Para negar las aspiraciones de los pueblos catalán, vasco, gallego, etc. a su soberanía y sus derechos, se crearon las autonomías, que suponen el enfrentamiento entre los pueblos, la sumisión de todos a los planes de recorte y privatización de los servicios públicos y la fragmentación de la función pública y los propios servicios públicos en 17 partes, cada una con derechos, régimen laboral y prestaciones diferentes. Hay 17 gobiernos autonómicos, todos ellos incapaces de actuar en defensa del futuro de sus ciudadanos, de defender las empresas y los puestos de trabajo frente a cierres, EREs y deslocalizaciones.

A partir de 1984 todo este aparato de Estado se hizo subsidiario de las instituciones del Mercado Común o Comunidad Económica Europea –más tarde Unión Europea–, abandonando toda pretensión de soberanía.

Treinta años después, la experiencia demuestra que bajo el corsé de la Constitución monárquica las aspiraciones de los trabajadores, la juventud y los pueblos del Estado español no pueden ser satisfechas. La libertad de partidos, arrancada en 1975-78, está hoy cuestionada. El derecho de huelga, gravemente limitado por los “servicios mínimos”, es perseguido en los tribunales por el artículo 215.3 y demás legislación contra los piquetes de huelga y la propia huelga. Los servicios públicos de sanidad, educación... están en peligro con las privatizaciones y los recortes de presupuesto.

Los partidos obreros que aceptaron mantener el régimen y actuar en sus instituciones han pagado un duro precio. El poderoso PCE vive hoy una crisis terminal, y la coalición Izquierda Unida

Sólo los especuladores, los banqueros y constructores, muchos de los cuales hicieron sus fortunas al abrigo de la dictadura, pueden sentirse satisfechos con este régimen. No en vano, acatando las instrucciones de Bruselas, acaba de darles 250.000 millones de euros de los fondos públicos, y les promete nuevos negocios a partir de la privatización, del saqueo de los servicios públicos.

Sigue pendiente la realización de las tareas democráticas planteadas a la muerte de Franco, obstaculizadas por el imperialismo en particular a través de la Unión Europea. La realización de esas tareas corresponde a los trabajadores, a sus organizaciones, que las abordarán en su combate contra los especuladores, por el camino de la revolución obrera, en alianza con los pueblos de España.

Más que nunca Republica, Unión de Repúblicas, consignas elementales de ruptura con la herencia franquista y la dictadura europea, son banderas de unidad y objetivo central de los combates inmediatos de los trabajadores y de los pueblos.

La actualidad del combate por la República
Extractamos del XIX Congreso del POSI (octubre de 2007):

“Nada puede hacerse que no tenga como brújula la lucha por la República, la Unión de Repúblicas Libres del Estado español (URLEE).

(…) Evidentemente, no es condición para el frente único por las reivindicaciones, pero la huelga abortada de ferroviarios de la Renfe, que tenía por objetivo la defensa del estatuto de personal y la lucha contra la transferencia a las regiones, tiene como contenido el combate por defender las bases materiales de la fraternidad entre los pueblos sobre la base de la unidad de la clase obrera, es decir, el combate por la República, por la Unión libre de Repúblicas Libres del Estado español.

Como no hay nada irreversible, el estallido del país no es ineluctable. La clase obrera puede hacer frente a esa ofensiva. (…) No se puede ofrecer ninguna solución a los trabajadores, a los jóvenes, si no es mediante la ruptura con Bruselas y la Monarquía. No se puede ofrecer ninguna posibilidad de fraternidad entre los pueblos, ni de unidad de la clase, sino en el marco de la URLEE.

La forma que toma hoy la crisis de la Monarquía, cuestionada directamente por la juventud de Gerona a Alcorcón, de Asturias a Sevilla, y paralelamente cuestionada por una fracción del aparato de Estado que tiene a la Cope como portavoz, entendiendo que el rey actual no defiende de manera consecuente los privilegios del aparato franquista y mantiene el consenso firmado en la Moncloa en 1977, pone a la orden del día de la agitación política y del agrupamiento el combate por la República, por la Unión libre de Repúblicas Libres del Estado español.”

“Estamos contra la Monarquía que oprime a todos los pueblos de España y estamos por la unión libre de los pueblos libres de España. Es en este marco en el que puede y debe realizarse la constitución de la nación catalana, de la nación vasca, etc. mediante una República Catalana, una República Vasca, etc. Es el marco de una Unión de Repúblicas Libres del Estado español, la única que pueda garantizar la constitución plena y cabal de esas naciones.”