Actualizado: 6 de mayo de 2008

La ley de extranjería, contra toda la clase trabajadora

Diferentes medios de prensa se hacen eco de la participación notable de trabajadores inmigrantes en las manifestaciones del 1 de mayo. Muchos de esos medios hacen referencia a las consecuencias de la crisis para los trabajadores inmigrantes: según El País, en el primer trimestre del año el paro entre los inmigrantes ha crecido cerca de un 24%, llegando a un total de 504.700 parados extranjeros, con una tasa del 14,65%, dos puntos por encima de la registrada en el trimestre anterior, frente a la del 8,73% de los españoles. Y lo peor está por llegar: según el Servicio de Estudios del BBVA, durante este año y el próximo se destruirán en España en torno a 400.000 puestos de trabajo, buena parte de ellos ocupados por trabajadores inmigrantes. La CEOE amenaza con elevar esa cifra a 800.000 si el Gobierno no le da lo que pide.

Con su presencia en las manifestaciones sindicales del 1 de mayo, los trabajadores inmigrantes han demostrado que forman parte de la clase trabajadora del Estado español, y que se reconocen en las mismas organizaciones que el resto de los trabajadores. Y ello a pesar del evidente desinterés de muchos dirigentes sindicales por organizarlos.

No son ni los trabajadores nativos ni los inmigrantes quienes establecen una diferencia entre unos y otros. Son las leyes de inmigración, y en primer lugar la Ley de Extranjería.

Recordemos que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 8, establece que: “El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél.”, añadiendo que deberán constar por escrito toda una serie de contratos de trabajo. “De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios”. Lamentablemente, esta disposición, que busca proteger al trabajador frente a la omnipotencia del empleador, no es de aplicación a los trabajadores inmigrantes, si no tienen permiso de residencia y de trabajo. Amenazados de expulsión, si se descubriera su situación, se ven convertidos en cómplices del patrón explotador: han de callar y ocultarse para mantener su puesto de trabajo.

Y aquí llegamos a la infame Ley de Extranjería, cuya finalidad es diferenciar al trabajador inmigrante del “nativo”. Esta Ley viene, como tantas otras que recortan derechos, de Bruselas: Así, su preámbulo establece que “nuestra normativa debe ser conforme con los compromisos asumidos por España, concretamente, con las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea los días 16 y 17 de octubre de 1999 en Tampere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia”, y que “Este Título ha sido adaptado a lo establecido respecto a la entrada, régimen de expedición de visados, estancia y prórroga de estancia en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen”

La política de inmigración es definida, por tanto, por la Unión Europea. Para la UE, sobre el papel, el objetivo es “acabar con la inmigración ilegal”, pero como esto es manifiestamente imposible, teniendo en cuanta la miseria creciente de África y los países del Este, agravada ahora por la subida escandalosa del precio de los alimentos (se espera una nueva oleada masiva de inmigrantes expulsados por el hambre de sus países), llegamos al verdadero objetivo de esta política: mantener un porcentaje de trabajadores sin derechos ni protección legal, a disposición de los empresarios para que puedan explotarlo sin límite. Lo que, a su vez, presiona sobre el coste del fuerza de trabajo “nativa” o “legal”, al introducir un grupo de trabajadores que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a precio de saldo.

Por otra parte, se mantiene a otro porcentaje de trabajadores con la espada de Damocles de poder ser expulsados del país si pierden su trabajo, lo cual presiona para que acepten las presiones patronales. Y la situación de debilidad de ese colectivo es otro factor de división, que también repercute sobre el conjunto de los trabajadores.

Y aquí es donde la Ley de Extranjería interviene. Según ella, un inmigrante necesita para estar en territorio español o un visado (estancia temporal, máximo de 6 meses) o un permiso de residencia, temporal o definitivo. Si además quiere trabajar, necesita un permiso de trabajo.

La ley define en su artículo 53 las “infracciones graves”. Entre ellas: “Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos (…) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida".

Y el artículo 57 regula las causas de expulsión del territorio español, entre las cuales figuran, entre otras, las faltas graves antes citadas.

En la campaña electoral, los dirigentes del Partido Socialista, para hacerse los “duros” ante la derecha, llegaron a jactarse de haber expulsado más inmigrantes que el PP en aplicación de la política de la Unión Europea.

Hay que destacar que la Ley de Extranjería decreta también la expulsión del inmigrante que agote sus prestaciones de desempleo. Se entiende, entonces, la situación de los inmigrantes que han sido despedidos por las crisis inmobiliaria y que corren peligro de ser expulsados, teniendo en cuenta, además que el artículo 58 de la Ley dice que “toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de tres años y máximo de diez”.

El nuevo ministro de Trabajo se ha pronunciado ya por devolver a muchos inmigrantes a sus países de origen, e incluso ha anunciado que está estudiando la posibilidad de que los inmigrantes puedan capitalizar el paro (cobrar todas sus prestaciones de golpe) para volver a su país. Medidas que conducirán a la clandestinidad a decenas de miles de inmigrantes, hoy “legales”. Algunos economistas se han echado las manos a la cabeza, por la pérdida de capital humano que ello supone. Pero algunas declaraciones de dirigentes sindicales parecen aceptarlo.

El ministro se queda corto. Pues la Unión Europea, capitaneada por reaccionarios del calibre de Berlusconi y Sarkozy, está elaborando con carácter de urgencia una Directiva del retorno de inmigrantes que al parecer pretende expulsar a 8 millones de trabajadores inmigrados. No hay muchos precedentes históricos de otros regímenes totalitarios que hayan emprendido una deportación de esas dimensiones.

Las leyes contra los inmigrantes, que buscan dividir a la clase trabajadora y crear un colectivo de trabajadores de bajísimos salarios, son medidas contra el conjunto de la clase trabajadora. Compañeros vinculados a Información Obrera han iniciado una campaña por la derogación de la Ley de Extranjería (véase el último número de Información Obrera, nº 214, pág. 7). Es preciso que cuenten en todas partes con el apoyo del movimiento obrero y sus organizaciones.