El ministro De Guindos, aleccionado en Bruselas
El Estado español, en el ojo del huracán
Cuando la bancarrota de Bankia ponía al borde del crac todo el sistema financiero español, el viernes 11 de mayo el gobierno Rajoy se vio obligado, bajo el “consejo” de la UE y el FMI, a aprobar una reforma financiera que intentaba de nuevo salvar a los especuladores con dinero publico arrancado a la educación y a la sanidad.
El FMI y la UE obligaron a incluir en esa reforma dos puntos clave:
- El Estado, abdicando de todas sus prerrogativas, encarga una auditoría externa del sector financiero (de sus activos del ladrillo). Esa auditoría, de eficacia aleatoria pues nadie sabe cuál es el agujero real, un día se habla de 184.000 millones de activos podridos del ladrillo, otro día de 300.000, tiene como único objetivo fijar lo que el capital financiero internacional quiera exigir a las autoridades españolas.
- El Estado se compromete a aportar los fondos que haga falta para “salvar a los bancos”.
Ambas exigencias pretendían alejar una crisis global de la Unión Europea, cuyo detonante serían Grecia y España. Crisis que puede estallar con la salida de Grecia, que podría arrastrar a la quiebra a España, Italia, y al conjunto de la UE. En las instituciones de la UE reina una incertidumbre total.
Así, el lunes 14 el ministro Guindos se presentó en Bruselas diciendo: “Hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano”. Las autoridades de la Unión Europea desconfían de que el gobierno Rajoy pueda hacer frente a la situación. ¿Va a tener dinero España para proveer esos fondos? El paso siguiente es exigir que España pida el rescate, que podría no tener la misma forma que en Portugal o Irlanda, pero pondría directamente el gobierno en manos de las instituciones internacionales.
Es el Estado de la Monarquía el que está en bancarrota, pero las consecuencias gravísimas son para los trabajadores, la juventud, los pueblos.
El significado de la nacionalización parcial de Bankia
Para tapar la quiebra de la entidad, el 7 de mayo el gobierno del PP nacionalizaba parcialmente Bankia, la cuarta entidad financiera del país, “el banco del PP”, basado en cajas de las dos principales autonomías controladas por los franquistas, más otras cinco cajas locales o regionales. Previamente, tuvo que quitar de en medio a Rato, peso pesado del PP.
Calculan que Bankia, “la primera inmobiliaria del país”, tiene 31.800 millones en casas, promociones, solares e hipotecas con el valor hundido. Pero el conjunto de las cajas y bancos tienen del orden de un millón de viviendas. Catalunyacaixa, Novacaixagalicia y el Banco de Valencia están para subastar, otros 4 bancos que son la suma de 16 cajas no sabe el Gobierno qué hacer con ellos. Y luego pueden venir el Banco Popular, quién sabe si el Sabadell (las entidades financieras sexta y quinta).
Después de varias oleadas de reconversiones y fusiones, el desguace del sector se acelera. Las más afectadas por el desmantelamiento son las cajas, entidades semipúblicas que financiaban a las pymes, a los ayuntamientos, pagaban la pensión al último jubilado del último pueblo de la geografía, pero se vieron arrastradas a entrar en la especulación como accionistas y sobre todo en el negocio inmobiliario, a lo que las empujaron en particular los gobiernos autonómicos que se financiaban con él. La bancarrota de las cajas va ligada a la del tinglado autonómico.
Ese sistema financiero, en quiebra virtual desde hace cinco años, se ha aguantado tapando el agujero con 115.000 millones del Estado, cientos de miles de millones del BCE. Sólo Bankia ha chupado cerca de 75.000 millones.
Hasta que se acabó. Cuando el 3 de mayo se reunió el BCE en Barcelona, el Gobierno le suplicó más créditos blandos a los bancos. Fue que no. Inmediatamente el FMI exigía que el Gobierno pusiese dinero para rescatar a Bankia y a los demás. El Gobierno se ofreció a inyectar 10.000 millones… Nadie fue capaz de controlar la voladura de Bankia, la alarma recorrió los mercados del mundo.
El FMI y la UE dictaron a Rajoy su segunda reforma financiera.
Botín, Francisco González y Fainé, o sea el Santander, el BBVA y la Caixa, los tres grandes bancos, instrumentaron el plan con Guindos, intentando salvar sus muebles. La iniciativa de la operación siguen teniéndola los especuladores internacionales y el FMI, secundados por el Banco Central Europeo de Fráncfort y la Comisión de Bruselas.
Ni de unos ni de otros pueden esperar nada bueno los trabajadores y los pueblos. Todos sus planes buscan facilitar el saqueo del país para contentar al capital. La reforma laboral es clave para transferir rentas del trabajo al capital. Y las demás “reformas” igual. Todo el mundo lo ve: el Estado quita 10.000 millones a enseñanza y sanidad. Y da 25.000 millones a los bancos. Ese dinero no cuenta como déficit, porque son unos trileros, pero computa para que la deuda pública de España pase este año del 68% del PIB al 79% previsto, y mucho más.
Rajoy tiene que reconocer: “haré cualquier cosa, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer”. Con la boca pequeña, el Gobierno dice que no pedirá un rescate. Es lo mismo que dijeron antes los gobiernos de Grecia, Portugal o Irlanda. Elegido por el pueblo, se pone a las órdenes del FMI. Y se dispone a intervenir Asturias, y luego cualquier otra autonomía, y 2.000 ayuntamientos para empezar. ¡Nadie que haya sido elegido por el pueblo debe poder obstaculizar el saqueo del país por el capital!
Esta dictadura trae hambre y despotismo, como todas.
El movimiento obrero puede y debe detener la destrucción
A muchos trabajadores se les revolvieron las tripas al oír a Rubalcaba: somos un partido responsable, no permitiremos que quiebre un banco. ¡Que se hunda el pueblo, pero que no quiebre un banco! Y llamó a los secretarios regionales para fijar el rumbo hacia pactos con Rajoy en el momento en que éste “quiere acabar con todo”. Rubalcaba y sus barones no quieren que los socialistas se pongan a la cabeza de la lucha contra los planes del FMI y la UE, sino colaborar con Rajoy para aplicarlos. Ya el nuevo gobierno PSOE /IU de Andalucia anuncia que aplicará el ajuste por imperativo legal y de inmediato quiere reducir el salario a sus 260.000 empleados.
¿Y tendrán que tragar los trabajadores que las organizaciones que ellos levantaron colaboren con la dictadura del capital cuando éste se pone a sacrificar todos los derechos en el altar de los bancos!
¿Todo el mundo se va a poner firme ante la amenaza –y más que amenaza– de intervención del país por el FMI? Esa es la impresión que da oír a algunos dirigentes sindicales que hay que pasar página de la reforma laboral: ¿traicionar a diez millones de huelguistas?
¿Qué fiebre suicida acomete a esos dirigentes? ¿Quieren acompañar los crímenes del FMI y de Rajoy?
Los afiliados y los trabajadores, en una situación crítica para la mayoría, no entienden ni los consensos con el Gobierno que tanto nos ataca ni acciones de entretenimiento. Exigen el compromiso de las organizaciones de no cejar hasta lograr la retirada de la reforma laboral, de todos los recortes, de la reforma financiera. Y eso incluye la exigencia de expropiación sin indemnización de todo el sistema financiero, única manera de resolver el problema del empleo y el de la vivienda, de financiar la reconstrucción del sistema de salud y del sistema educativo. ¡Ni un euro para los banqueros!
La respuesta a la dictadura del FMI y la UE ha de ser organizar la más amplia unidad contra sus planes de saqueo, un dos de mayo mucho más potente contra el opresor, que parta del 29 de marzo.
No es posible detener la descomposición económica, social y política sin impedir que los elegidos por el pueblo se pongan al servicio de la tiranía supuestamente europea, ni en los ayuntamientos, ni en las autonomías ni en el gobierno y en las Cortes. ¡Fuera el FMI y la Unión Europea! Es la consigna que suena en las calles de Atenas, de Lisboa… y mañana en toda Europa.
