Actualizado: 1 de julio de 2009 

El viernes 26 de junio, el Gobierno aprobó la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la “reeestructuración” del sector bancario. El Banco de España será el que diseñe y dirija toda la reordenación del mapa bancario español. Tendrá mayoría en los órganos del gobierno del FROB. Su presidente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, esbirro del Banco Central Europeo, ha declarado que condicionará las ayudas a que se lleve a cabo un proceso de fusiones de entidades, especialmente en el caso de las cajas de ahorro.

La prensa ha anunciado ya que en este proceso la banca cerrará miles de sucursales y despedirá a decenas de miles de empleados.

Llueve sobre mojado

Recordemos que no es la primera ayuda que aprueba el Ejecutivo para los banqueros desde que estalló la crisis que la actuación de los propios banqueros y especuladores ha desencadenado. En octubre pasado, creó un fondo para comprar hasta 50.000 millones en activos de bancos y cajas, y, pocas semanas después, autorizó la concesión de avales para las emisiones de deuda por un importe de hasta 100.000 millones. Entonces nos dijeron que con esas medidas se arreglarían los problemas de liquidez y los bancos volverían a dar crédito a empresas e individuos. Como todo el mundo sabe, los fondos públicos han ido a pagar dividendos y aumentar las reservas, pero el crédito sigue estancado.

Ahora, según el Gobierno, se trata de luchar contra la falta de solvencia, debida a la elevada morosidad crediticia. Morosidad que afecta especialmente a los “riesgos inmobiliarios” (es decir, a la apuesta de bancos y, sobre todo Cajas, por la especulación ladrillera).

Otra lluvia de fondos públicos

El Gobierno, que considera una generosidad la propuesta de una prestación de 420 euros al mes durante seis meses para los desempleados que hayan agotado su subsidio, exigiendo como contrapartida que acepten seguir cursos de “formación ocupacional”, ha anunciado que el FROB dispondrá inicialmente de 9.000 millones de euros (6.750 millones procedentes de los presupuestos generales), aunque podrá endeudarse hasta alcanzar los 99.000 millones, si bien, según dicen, “sólo” serán necesarios entre 30.000 y 40.000 millones. Se ha anunciado que las ayudas públicas serán la mayoría préstamos, que se devolverían en un plazo de 5 años, ampliable si así lo decide el Banco de España. Para algunos comentaristas, es posible que esos préstamos no se devuelvan y se conviertan en ayudas a fondo perdido. El País dice que “las entidades deberán devolverlo tras las fusiones, absorciones o reestructuraciones en un plazo máximo de siete años. Al menos en teoría”.

Una catástrofe para los trabajadores del sector financiero

Los expertos citados por los medios de comunicación calculan que “sobran” unas 10.000 oficinas bancarias y hasta 35.000 empleados, “entre el 20% y el 25% de la red actual”, según Juan María Nin, director general de La Caixa. Price Waterhouse dice que sobra el 30% del sector, unas 12.000 oficinas y 35.000 empleados. El País cita las diferencias con otros países de la UE y señala que “en España hay una oficina por cada 986 habitantes; en la eurozona, una por cada 1.735”, sugiriendo por tanto un cierre de hasta el 50% de las oficinas. El articulista añade que “toca cerrar sucursales y reducir plantillas: una reconversión industrial en toda regla”.

Los más afectados serán, probablemente, los trabajadores de las cajas de ahorro. Desde el año 2001, las cajas han abierto 5.000 oficinas y han contratado a 44.000 empleados, mientras que la banca privada ha aumentado la red en sólo 616 sucursales y ha reducido plantilla en 20.000 personas.

En todo caso, y con una generosa ayuda de un gobierno del que los trabajadores esperan que defienda el empleo y ponga fin a la oleada de despidos, decenas de miles de trabajadores del sector financiero van a ser despedidos.

La posición de los sindicatos

Han sido las confederaciones de UGT y CCOO quienes han llevado la voz cantante en este asunto. Así, UGT ha dicho que es necesario “incorporar su contenido al Diálogo Social (...) vigilar que, en el proceso de actuación del FROB, no se abra la vía a la privatización de las Cajas de Ahorro. Mantener la supresión del derecho a voto de las cuotas participativas (...) para evitar la privatización diferida y encubierta de estas entidades”.

José María Martínez, secretario general de Comfia-CCOO, considera que puede cerrar el 15% de la red, “pero sólo unos 6.000 empleados”, por la capacidad de reabsorber plantilla en otras oficinas. Martínez cree que se podrá “recolocar parte del personal excedentario, prescindiendo de los trabajadores eventuales pero sin grandes despidos o prejubilaciones”, y añade que unos 13.500 trabajadores de las cajas, el 10%, tienen más de 55 años. ¿Es que los trabajadores eventuales no tienen derecho a un empleo?

José Miguel Villa, de la Federación de Servicios de UGT, considera muy difícil hacer cálculos de cierres “hasta que no se sepa si habrá o no fusiones interregionales (...) si se unen entidades de una misma región, el solapamiento de oficinas y excedentes de empleo será mayor, porque también sobrarán servicios centrales”.

¿No deben los representantes de los trabajadores defender el empleo y rechazar el uso de fondos públicos para financiar despidos, con o sin diálogo social?

¿Hacia la privatización de las Cajas de Ahorro?

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha explicado que uno de los objetivos del FROB es alentar las fusiones de cajas de ahorro, pues considera que hay demasiadas cajas (45) y muchas de ellas “demasiado pequeñas”. Es lo que viene diciendo Bru-selas, que pretende también acabar con todo carácter público de las Cajas.

Pero no sólo habrá fusiones. El plan del gobierno también prevé la venta de sus activos a otras entidades. Ahí podría entrar por primera vez la compra de cajas (sus activos) por parte de bancos, aunque estos en boca de su patronal, la AEB han mostrado reticencias, probablemente porque esperan que primero el Gobierno sanee y luego quedarse ellos con las entidades reflotadas a costa del contribuyente.

También se ha anunciado que el FROB podrá comprar acciones de los bancos o cuotas participativas de las cajas, que, a diferencia de lo que sucede ahora, tendrán derechos políticos de decisión sobre el manejo de las cajas, y participará así en la gestión de la entidad. Si luego vende esas “cuotas participativas con derechos políticos” a los bancos, éstos serían propietarios de parte del capital de las cajas con derecho a decidir: las “cuotas participativas” les convertirían de hecho, en accionistas de las cajas.

No hay que olvidar que el Banco de España quería una reforma de la Ley de Cajas, que no le ha concedido por el momento el ministerio de Economía.

UGT ha demandado que no se use este proceso para privatizar las cajas. CCOO ha declarado que debe respetarse “el régimen jurídico de las cajas de ahorro”. Comisiones Obreras y UGT advirtieron de que la emisión de cuotas participativas con derechos políticos en las cajas de ahorro supondría la desaparición de las mismas o su conversión en sociedades anónimas, pero ¿cómo compaginar esto con los planes ya expresados por el Gobierno?

Hay que acabar con los despidos, nacionalizar la banca

Los trabajadores tienen como principal objetivo acabar con los despidos, exigen a Zapatero que pare los despidos. Y el Gobierno, que ha sido elegido para defender los puestos de trabajo, dedica cientos de miles de millones a financiar un plan de despidos masivos. La política de ayudas a los banqueros y especuladores exigida por el G-20 y la Unión Europea va a costar ya 250.000 millones de euros a los presupuestos del Estado. Y, además de estrangular al presupuesto y añadir una enorme deuda pública, encima va a suponer el despido de 40.000 trabajadores sólo en el sector financiero.

Las organizaciones de los trabajadores, y en primer lugar los sindicatos del sector bancario, no pueden consentir esto. Unidos, deben exigir al gobierno el fin de los ERE y despidos, de las ayudas a los especuladores, la devolución de las ayudas ya entregadas, la defensa del empleo, la necesidad de una poderosa banca pública. Es imprescindible la defensa del carácter público de las cajas, la nacionalización de la banca.

Hace falta la unidad para exigir a ZP que garantice todos los puestos de trabajo, lo que debe ir unido a la unidad de UGT y CCOO para defender todos los empleos de la banca sin negociar ningún despido.