Actualizado: 9 de agosto de 2008

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¿Qué debemos exigir los trabajadores ante la crisis desbocada del capitalismo?

El paro (más del 10% de la población activa), el endeudamiento (20.340 millones de euros en hipotecas,), la carestía de la vida, el deterioro de los servicios públicos amenazan las condiciones de existencia de millones de trabajadores. Se anuncia que lo peor está por venir. El Gobierno llama como asesores a economistas de los bancos y las grandes empresas, toma medidas a favor de los especuladores y exige “reformas” y “austeridad” a los sindicatos. Los trabajadores exigen al Gobierno medidas que les defiendan.

Solbes la llama “la crisis internacional más compleja”. Nadie sabe su profundidad ni duración (Ver La Verdad nº 59). Ningún dirigente capitalista tiene más salida que destruir en mayores proporciones las bases económicas y sociales de las naciones del mundo para así alimentar oleadas especulativas más desenfrenadas que nos lleven a crisis cada vez “más complejas”. Sólo la revolución social, expropiando al capital, puede parar la destrucción.

La crisis capitalista se desencadena en el Estado español

Los bancos, después de sangrarnos con la especulación inmobiliaria durante 10 años, cierran el grifo de los créditos provocando el hundimiento de la economía.

El país se encuentra en bancarrota. El euro trajo el dinero barato, y el capital financiero, con ayuda de Aznar (que Zapatero continuó), se volcó en la especulación inmobiliaria, drenando los capitales y la mano de obra en detrimento de la producción y de los servicios públicos. Hoy las familias, las empresas, el país se encuentran endeudados: la deuda exterior era a final de 2007 el 350% del PIB. España tiene el mayor déficit comercial del mundo: la UE mantiene un euro caro para beneficiar a las exportaciones norteamericanas y provocar deslocalizaciones industriales, y acelera la liquidación de la agricultura europea con una nueva reforma de la PAC que profundiza las medidas que han llevado a la crisis actual.

El paro se dispara: gracias a la precariedad mantenida por todos los gobiernos desde que en 1984 se reformó el mercado laboral para entrar en la UE, se han suprimido de un plumazo cientos de miles de puestos de trabajo. El Banco de España se felicita de que la situación particularmente precaria de los inmigrantes facilita el ajuste.

El Estado está sin recursos porque los grandes capitalistas no pagan impuestos. Las grandes fortunas tienen su dinero en 3.000 Sicav*, que pagan el 1% de impuestos en lugar del 35% del impuesto de sociedades o el 43% del IRPF. La Agencia Tributaria tiene prohibido investigar las Sicav. Los bancos y las grandes empresas hacen sus operaciones en los paraísos fiscales, y la UE prohíbe que la Agencia Tributaria meta las narices ahí. Además, el Gobierno ha rebajado el impuesto de sociedades y ha suprimido el del patrimonio.
(Sicav: Sociedad de inversión de capital variable. Entidades que utilizan las grandes fortunas para eludir impuestos, sólo pagan el 1% de sus ganancias. El capital mínimo es de 2.5 millones de euros. Utilizan “hombres de paja” para cumplir requisito de tener mínimo 100 accionistas)

¿Qué hace el Gobierno?

Solbes (el hombre de Bruselas) y el Banco de España (sucursal del Banco Central Europeo) garantizan el “ajuste”: destruir gran parte de la capacidad productiva, millones de empleos, para relanzar la especulación.

(El mismo BCE inyecta cientos de miles de millones para evitar la quiebra de los bancos y sostener operaciones financieras sin control como las que han provocado la crisis.)

Dentro de los límites de esa política, el Gobierno atiende demandas empresariales. Acaba de ofrecer 300 millones de euros para comprar suelo a las inmobiliarias y así aliviarlas. El conjunto de las medidas decididas por el Gobierno en los últimos meses tienen como hilo conductor sostener a los especuladores (privatizar trenes, aeropuertos y puertos, alargar hipotecas para que los bancos cobren, financiar la rehabilitación de viviendas…) a costa de reducir gasto público y empleados públicos. Ninguna medida relevante dirigida a proteger al trabajador.

El PP, CiU, PNV exigen más recorte de gasto público, apoyo para tal sector capitalista, o más “ajuste”. Sectores del Gobierno querrían ir más o menos lejos en alguna de esas políticas. Pero ninguno de ellos plantea otra línea.

No cabe otra política bajo la Unión Europea, que sacrifica las economías y sostiene a los especuladores, ante todo al capital financiero norteamericano.

Por medidas de emergencia en defensa de los trabajadores y del país

El 8 de junio el CC del POSI esbozaba un plan de urgencia (ver Carta 178) a reclamar al gobierno Zapatero, pero éste va en dirección contraria. Si Zapatero defendiese a la mayoría trabajadora, incautaría el suelo y las viviendas amasados en años de especulación y haría un parque de vivienda pública.

Si el Gobierno quiere intervenir en la crisis, para defender la industria y la agricultura, los puestos de trabajo, ¿no debería recuperar la banca pública regalada al BBVA y al Santander?

Si quiere fomentar la producción, que decrete un aumento general de salarios y pensiones, elevando éstas con el Fondo de Reserva en lugar de entregar 5.600 millones de la caja de las pensiones a la especulación.

Para que no crezca el paro, el Estado debe hacerse cargo de las fábricas amenazadas cierres o deslocalización. ¿No debería el gobierno expropiar el patrimonio de Martinsa? ¿No debería nacionalizar el suelo?

El presupuesto del Inem no cubre prestaciones para todos los parados (ya hay 2.38 millones). ¿No hay que suprimir todas las subvenciones del Inem a los empresarios?

Movilizar a la mayoría

Esas medidas son inadmisibles para Bruselas. Pero si la Unión Europea hunde a las naciones de Europa, ¿no deben estas naciones recuperar la soberanía y unir fuerzas para defenderse del capital?

Los que fueron elegidos el 9 de marzo, lejos de someterse al consenso con el PP, deben gobernar y legislar para la mayoría, y no aplicar sumisamente la destrucción que Bruselas organiza.

Los sindicatos de los trabajadores han de exigir que se gobierne para la mayoría y no “cogobernar” en el diálogo social la aplicación de la política “europea”, con sus “políticas activas” que flexibilizan más el empleo, con sus políticas para “insertar” a la juventud sin derechos, o adecuar la negociación colectiva a los planes de Bruselas, mientras las Cortes recortan las pensiones.

La campaña contra el Tratado de Lisboa busca liberar a las organizaciones de la atadura a Bruselas. Para resolver la situación de la mayoría frente a la crisis, hay que adoptar medidas que son incompatibles con el tratado, por eso es preciso romper con la UE. Apoyemos la delegación que irá a Bruselas en septiembre, a exigir que se anulen las sentencias del Tribunal Europeo que niega valor a los convenios y al derecho de huelga.

La financiación autonómica: Instrumento perverso de destrucción y enfrentamiento

Las instituciones, los dirigentes políticos, los medios de comunicación llevan semanas provocando el enfrentamiento entre los pueblos con la financiación autonómica. Unos pretenden defender la igualdad y la solidaridad, otros el servicio a los ciudadanos y la equidad. En nombre de esos falsos pretextos, unos dirigentes del PSOE se alían con Rajoy y Arenas, otros con CiU y con .Camps. El caso es dividir a los trabajadores para que paguen la crisis y no se levanten contra la dictadura de Bruselas. Tratemos de resumir.

El Estado, que financia a la UE y las instituciones franquistas, se desentendió del grueso del gasto social, en particular sanidad y enseñanza, transfiriéndolo a las autonomías por debajo de su coste, para recortar gasto público y obligar a privatizar como exigen los tratados europeos. Con ello fragmentaba por regiones la resistencia obrera a la privatización y desmantelamiento de esos servicios. Las autonomías cogen ese dinero, financian 17 burocracias regionales, privatizan y desmantelan. Es el papel de las regiones en Europa.

Pero la insuficiencia de recursos se hace insostenible sobre todo en las zonas más pobladas. Solbes pretende eformar el mecanismo “"con poco dinero”: asignar más impuestos a las autonomías y reducir el dinero que el Estado les asigna al margen de los impuestos, de modo que se mantenga la estabilidad presupuestaria y no aumenten los impuestos a los ricos, lo que manda la UE.

Como resultado el déficit de financiación de los servicios públicos se agravaría, pero el Estado se desentendería. Es una operación de trilero criminal que ya hizo con la financiación sanitaria. Nada tiene que ver con la igualdad ni con la solidaridad, como pretende la campaña de enfrentamiento entre pueblos lanzada por el aparato de Estado, los grandes grupos de comunicación y el Gobierno. El País y la vicepresidenta retoman con prepotencia la campaña anticatalana del PP. Quieren dividir a los trabajadores, al Partido Socialista y a los sindicatos.

Contra Solbes son justas las reivindicaciones que surgen en todas partes. Según un estudio, para financiar los servicios transferidos el Estado debería poner 20.453 millones de euros más.

Pero Montilla, Touriño, Areces y los dirigentes sindicales que les apoyan, no actúan como representantes de los trabajadores. En lugar de buscar la unidad de trabajadores y pueblos para quitar al capital el dinero que hace falta para los servicios públicos de todos, se comportan como jefes de autonomía.

Aplicadores de las políticas de Bruselas en colaboración con el aparato franquista, renuncian a resolver el grave déficit de gasto social y se disputan cuatro migajas con la autonomía de al lado. El tripartito catalán asimila así la cobardía de la burguesía catalana y contribuye a dividir a los trabajadores y las organizaciones obreras. ¿De qué derechos nacionales puede hablar?

Sin romper el juego del Estado autonómico no es posible mantener la unidad de los trabajadores, decisiva para defender las conquistas sociales y democráticas.

No hay solución para ningún pueblo en las autonomías de la Monarquía, incompatibles con los derechos nacionales y con la democracia. No cabe en ellas autogobierno ni progreso, sólo división y destrucción.

Hace falta la unidad de trabajadores y pueblos para organizar democráticamente un país de pueblos libres. Libres de Bruselas y del aparato franquista de la Monarquía.